La Declaración señala la necesidad de garantizar la independencia de esos organos, dotarlos de recursos suficientes y aprobar medidas legislativas que les sean favorables.

Los días 16 y 17 de octubre se ha celebrado en Barcelona el XIII Encuentro de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude del Estado. Como conclusión de sus trabajos se ha aprobado una Declaración, con el fin de impulsar la prevención y la lucha contra la corrupción y la protección de quienes la denuncian.

De la Declaración de Barcelona se desprende una profunda preocupación por la supresión y debilitamiento de diversos organismos de lucha contra la corrupción, tanto a nivel local como autonómico. Se constata que eliminar estructuras como las Oficinas y Agencias Anticorrupción debilita la democracia y es contrario al deber derivado del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca construir instituciones sólidas que refuercen el Estado de derecho y la justicia. También es contrario a los compromisos establecidos por la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que obligan a los poderes públicos a crearlos o, en su caso, reforzarlos.

En la Declaración se formulan cuatro recomendaciones concretas. En primer lugar, se recomienda que se garantice la independencia de los organismos de prevención y lucha contra la corrupción ya existentes y se refuerce su capacidad mediante la asignación de recursos suficientes y el reconocimiento de las competencias necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones.

En segundo lugar, en la declaración se hace hincapié en que las medidas legislativas autonómicas y locales y su desarrollo no supongan regresión, retroceso o reducción en la prevención y lucha contra la corrupción ni en el nivel de protección de las personas informantes garantizado en el Estado español en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sino la introducción de disposiciones más favorables.

En tercer lugar, la Declaración recomienda que las funciones de prevención y lucha contra la corrupción y la protección de las personas informantes sean ejercidas en su ámbito territorial, por las autoridades autonómicas existentes, que cuentan con independencia y experiencia en este ámbito.

La cuarta y última recomendación es que las medidas y disposiciones adoptadas para la prevención y la lucha contra la corrupción y la protección de informantes cuenten con la participación de la sociedad civil organizada y la representación de las personas denunciantes, contribución indispensable para avanzar en la cultura de la integridad y la transparencia, en la defensa del interés público y en la mejora de la democracia.

Los miembros de la Red que han suscrito la Declaración de Barcelona son la Oficina Antifraude de Catalunya, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra y la Oficina Andaluza Antifraude. A título individual también han firmado la declaración la Sra. Rosa M. Sánchez, y el Sr. Simón Rego Vilar.