Los titulares de las autoridades antifraude autonómicas se reunieron el 18 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, para analizar el proyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya tramitación parlamentaria se encuentra actualmente en el Senado tras ser aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre de 2022. 

Esta norma supone la transposición al Derecho español de la Directiva Europea (UE) 2019/1937, conocida como “Whisleblower”, y tiene como finalidad proteger y evitar represalias a las personas que en un contexto laboral o profesional denuncien, de forma anónima o no, comportamientos que puedan suponer infracciones normativas y corrupción, en especial aquellas que impliquen menoscabo económico para los fondos y recursos públicos.  

En el encuentro, se analizaron las enmiendas introducidas en el proyecto aprobado en el Congreso de los Diputados, así como el grado de incorporación de las alegaciones realizadas por las oficinas antifraude autonómicas en la fase de información pública. Éstas, tenían como objetivo primordial evitar la reducción del nivel de protección ya garantizado por las normativas vigentes autonómicas en la lucha contra la corrupción. 

Del análisis realizado se constata que las alegaciones planteadas por las autoridades autonómicas han sido parcialmente incorporadas, sin embargo, se mantienen criterios que podrían limitar la capacidad de acción de éstas al centralizar competencias en la futura Autoridad independiente de ámbito estatal. Por ello, se reclama una participación más activa de las autoridades autonómicas.

Otra cuestión que preocupa es el ámbito material de aplicación de la Ley que se circunscribe a “Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave”. Este precepto, deja fuera de aplicación numerosas conductas que, aun siendo leves, no por ello son menos importantes, sobre todo si lo que se pretende es fomentar la integridad de las organizaciones. Por ello, habrá que clarificar los procedimientos aplicables en caso de infracciones recogidas en las leyes autonómicas y no recogidas en el proyecto de ley.

Para las cuestiones relativas a la adaptación de las normativas autonómicas a la futura Ley, se deberán abrir mecanismos de cooperación y de concertación de competencias entre las instituciones implicadas, que harán más eficaces las medidas previstas de protección de la ciudadanía y de optimización de los recursos públicos.

En este encuentro celebrado en el Parlamento de las Islas Baleares, han participado el director de la Oficina Antifraude de Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, el director de la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Ricardo Vicente Puyol, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa Antxo y el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB), Cristóbal Milán.